En la tarde de este jueves, en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno, se concretó la firma de convenios entre el Ejecutivo Provincial y jueces y funcionarios judiciales del Chaco a través de los cuales se da cumplimiento al Fallo Nº 160 del Superior Tribunal de Justicia Ad-Hoc, del 10 de septiembre del 2020.
En aquella sentencia, el máximo órgano judicial de la provincia hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por un importante grupo de magistrados declarando que las asignaciones que actualmente perciben jueces y funcionarios judiciales del Chaco violan el principio de intangibilidad expresamente reconocido por el artículo 154º de la Constitución Provincial. Por ello, se ordenó al pago de la reparación retroactiva desde la fecha de interposición de las demandas.
En este contexto, a través del Decreto Nº 2652/23, el Ejecutivo facultó al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura a celebrar acuerdos de pago con los amparistas y así cumplir con el fallo judicial y culminar con un conflicto que lleva 18 años.
Finalmente más de 80 jueces y funcionarios judiciales aceptaron el plan de pagos dispuesto por el Ejecutivo, los cuales quedaron efectivizados en los convenios firmados. En detalle, se suscribieron dos tipos de acuerdos: uno para menores de 70 años y otro para quienes tienen 70 años o más.
En el primer caso, el plan será 12 cuotas iguales y consecutivas, las primeras seis sin interés y las seis restantes actualizables con la tasa de interés pasiva del Banco de la Nación Argentina. El plan para segundo grupo se cumplirá en seis cuotas iguales y consecutivas. En ambas situaciones se comenzará a abonar desde este mes.
El acto de firma de convenios fue encabezado por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y por el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein. Además contó con la presencia de los jueces y magistrados que aceptaron la firma de los convenios.
Tras la suscripción de los acuerdos, Herlein manifestó que "la firma de estos convenios es una gran noticia para las partes" y explicó que esto "le otorga previsibilidad a la Provincia evitando el embargo de las cuentas públicas, algo que de suceder puede afectar el cumplimiento de los servicios esenciales del Estado".
Además también rescató que "la posibilidad de abonar los montos en cuotas da certezas tanto a la Provincia como a los acreedores".
