Este viernes, la Fiscalía de Estado presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad parcial contra artículos específicos de las Leyes Provinciales N° 3946-A y N° 3947-A.
En particular, la presentación pretende la declaración de inconstitucionalidad de los Artículos 1° -que ratifica los Decretos N° 28/2023, 1453/2023, 2118/2023 y 2244/2023, cuestionando puntualmente los Artículos 3° y 5° del Decreto 1453/2023, el Artículo 5° del Decreto 2118/2023 y 4°, 7°, 38°, 39°, y 43° de su Anexo I, y los Artículos 2° y 3° del Decreto 2244/2023-, 2° y 3° de la Ley 3946-A, así como del Artículo 4° de la Ley 3947-A. A su vez, también se solicita que se haga lugar a una medida cautelar de suspensión de la aplicación y efectos de los artículos mencionados de las citadas normas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Esto se da luego de los Decretos N° 394/24 y N° 505/24, a través de los cuales se instruyó al Fiscal de Estado a promover la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar.
En la presentación judicial se resalta que " si bien los decretos y las leyes -en los artículos hoy cuestionados- prima facie y en abstracto se vislumbraban acordes a la normativa constitucional, aparentando encuadrar en las facultades de reglamentación propias del Poder Ejecutivo y potestades del Poder Legislativo al disponer las pautas de cómo se iba a llevar adelante un concurso para el ingreso a la planta permanente del Estado Provincial, debemos decir que confrontados los mismos a la luz de los informes técnicos elaborados por las distintas áreas del Poder Ejecutivo en base a los acontecimientos suscitados, lo que culminó con el dictado del Decreto N° 374 de fecha 27 de marzo de 2.024 declarando la nulidad absoluta del Acta N° 2 del Tribunal Examinador y de todos los actos posteriores y subsecuentes que se hubieran producido en el procedimiento del Concurso en virtud de graves irregularidades y con los Decretos N° 394/2024 y N°505/2024 que instruyen a la promoción de la presente acción, se ha demostrado que -en la aplicación concreta- surge la contradicción con cláusulas constitucionales desvirtuándose la esencia del proceso concursal " .
Tras la acción interpuesta por la Fiscalía de Estado, ahora corresponderá al máximo tribunal provincial resolver la cuestión planteada.